El Parlamento europeo se había opuesto inicialmente a iniciativas como las del Gobierno francés al considerar el acceso a Internet como un derecho humano. En este sentido se redactó la enmienda 138 que establecía que cualquier medida que restrinja derechos fundamentales o libertades « debe tomarse en circunstancias excepcionales » y obligaba a una intervención judicial. Al decaer esta enmienda, el parlamento acepta que las autoridades administrativas de cualquier país puedan cortar el acceso a Internet de un usuario acusado de acumular descargas ilegales.
La Quadrature du Net, uno de los sitios que ha encabezado la defensa de esta enmienda, escribe en sus páginas que « con este repliegue, el Parlamento europeo ha asumido la idea errónea de que, en virtud de los tratados, no tiene ningún poder para proteger los derechos ciudadanos ».
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