La propuesta de ley presentada por Laetitia Avia pretende hacer del CSA (el Consejo Superior Audiovisual, instancia reguladora de televisión francesa) «el acompañante de las plataformas» en la lucha «contra el odio en línea». En realidad, la ley va mucho más allá. Como se teme desde hace varios años, inicia la transformación de la autoridad en un gran regulador de Internet, en la recta línea del «Comité superior de la telemática» fantaseado por François Fillon desde 1996. Con la peligrosa confusión entre Internet y la televisión, la ley Avia contribuye a la centralización y a la extrajudicialización de Internet. Si se arriesga a convertirlo en una especie de oscura ORTF 2.0. (Oficina de Radiodifusión televisión francesa, el ORTF entre 1964 y 1974).
La propuesta de ley presentada por Lætitia Avia se debatirá en la Asamblea Nacional el próximo 3 de julio. Además de los peligros que ya hemos subrayado (véase nuestro análisis jurídico), la ley delega un gran número de poderes al CSA (el Consejo Superior Audiovisual):
- el de emitir «recomendaciones, buenas prácticas y directrices para la buena aplicación» de determinadas obligaciones previstas en ellas, en particular las relativas a la retirada de los contenidos llamados odiosos y definidos en su artículo 1 (contenidos terroristas, atentado contra la dignidad humana, incitación al odio, discriminaciones…);
- el de exigir y sancionar (hasta un 4 % del volumen de negocios mundial, como en el caso del RGPD) las plataformas que no respeten la obligación de retirada en 24 horas de dichos contenidos una vez notificados.
A este respecto, corresponderá al CSA apreciar «el carácter insuficiente o excesivo del comportamiento del operador en materia de retirada de los contenidos puestos en su conocimiento»; - por último, recupera el papel de la CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades) en el contexto del control de las solicitudes que puede hacer la OCLTCIC (jurisdicción policial francesa que trabaja contra la cybercriminalidad) y no un juez ; para obtener el bloqueo por los proveedores de servicios de Internet de un sitio considerado pornográfico o de carácter terrorista.
Hay que poner estos poderes al lado de los adquiridos también por el CSA en la reciente ley sobre los fake news (llamada ley «relativa a la lucha contra la manipulación de la información»). En efecto, el CSA ya había recuperado poderes bastante similares, como el de formular recomendaciones para «mejorar» la lucha contra estas noticias falsas.
Una vieja y mala idea
Antes de comprender los peligros que podrían derivarse de esa delegación de autoridad, debemos examinar rápidamente la historia de las relaciones entre el CSA e Internet. Porque no es la primera vez que la autoridad quiere arrogarse ese tipo de poder.
Así, en 1996, François Fillon, entonces ministro delegado de Correos, Telecomunicaciones y Espacio, presentó una enmienda en el marco de los debates sobre el «proyecto de ley sobre la reglamentación de las telecomunicaciones». Propone la creación de un «Comité superior de la telemática» (CST), dependiente del CSA, encargado de elaborar recomendaciones «que garanticen el respeto, por parte de los servicios de comunicación audiovisual […], de las normas deontológicas adaptadas a la naturaleza de los servicios ofrecidos». Como cuenta owni.fr, se trataba principalmente de obligar a los proveedores de acceso a Internet, a cambio de una exención de responsabilidad penal de los contenidos publicados, a seguir las recomendaciones de este Consejo. Este último iba a convertirse, según Lionel Thoumhyre, «en el órgano rector de Internet francés, gobernador del espacio virtual». El artículo de la ley fue posteriormente censurado afortunadamente por el Consejo Constitucional.
Desde entonces, la autoridad nunca se ha rendido, asistida por numerosas personalidades políticas (1). Citemos a Dominique Baudis (Presidente del CSA de 2001 a 2007), que en 2001 afirmó : «Considero que todo lo que concierne a los medios audiovisuales, que se dirigen a una masa de personas y que no son competencia de la correspondencia privada ni del comercio en línea, es de nuestra competencia. El hecho de que sólo estén disponibles en Internet no cambia nada». O también en 2004, el gobierno que intenta aprovechar la Ley LCEN para hacer del CSA un gran regulador de Internet (lo que finalmente fue rechazado por el Parlamento tras numerosas críticas). Los intentos volverán así a cada debate, en particular sobre las leyes de los medios audiovisuales.
Más recientemente, es Emmanuel Macron, en noviembre de 2017, quien instrumentalizó la violencia contra las mujeres para legitimar la extensión de los poderes del CSA. Y en septiembre de 2018, es el propio CSA quien pide que la regulación audiovisual incluya ahora «las plataformas de intercambio de vídeos, las redes sociales y las plataformas de difusión en directo», precisando incluso que «la regulación debe permitir garantizar que estos nuevos actores adopten las medidas adecuadas en materia de protección de los menores, de lucha contra la difusión de contenidos que inciten al odio y a la violencia […]».
Por qué el CSA para Internet está mal
Al leer la ley Avia y los poderes que se le han delegado, no se puede por menos de hacer esta deprimente constatación que el CSA, al desgaste, está ganando. Facultando al operador para apreciar si ha retirado correctamente un contenido considerado «odioso», dándole poder de sanción, permitiéndole formular recomendaciones sobre el odio en línea (como ya hace sobre las «noticias falsas»), la propuesta de ley se acerca peligrosamente a la idea del «Comité superior de la telemática»» de 1996 y, por consiguiente, contribuye a la creciente confusión entre Internet y la televisión.
Ahora bien, hacer esta confusión es insultar lo que representa inicialmente Internet: un medio precisamente de sustraerse a la información lineal y unilateral de la televisión mediante la multiplicación de los canales de expresión. El análisis que LQDN hacía sobre el tema hace varios años todavía se mantiene, y da además la dolorosa impresión de dar vueltas en círculos: «El CSA regula la difusión de contenidos, de manera centralizada, por parte de agentes comerciales. Tratar de imponer el mismo tipo de normas a la multitud de agentes, comerciales y no comerciales, que constituyen la red descentralizada que es Internet, en la que todos pueden consultar, pero también publicar contenidos, es una aberración. Internet es también la difusión de vídeos, pero es ante todo la puesta en práctica de nuestras libertades fundamentales, el intercambio del conocimiento y de la cultura, la participación democrática, etc».
Más allá de la aberración, querer transformar Internet en televisión es querer centralizarlo. Es un medio para que el gobierno recupere el control sobre este medio de expresión que no domina y eso pasa por la creación de leyes para y con las grandes plataformas, viendo Internet sólo a través del prisma distorsionado de los gigantes de la red, con la amenaza de que se aplican un día a todos. Porque siempre es más fácil tratar con un número limitado de grandes actores (por otra parte, más prontos que los demás a colaborar con él.).
También significa poner en manos de la administración poderes que antes pertenecían al juez. Corresponderá al CSA y no a un juez decidir si un contenido es odioso y, por lo tanto, merece que un operador sea retirado en 24 horas. Y, como ya sucede con la televisión, corresponde a la administración decir lo que puede decirse o difundirse en Internet. A este respecto, es difícil no relacionarse con las recientes declaraciones del secretario de Estado digital, que amenaza esta vez a la prensa con conferir al CSA el poder de «decidir qué es o no una notícia falsa».
Se plantea entonces la cuestión de si, a través de esta ley, el Gobierno no está instrumentalizando los debates sobre el odio en línea, sus víctimas y la propia Laetitia avia para hacerse con el control de Internet.
Al delegar tales poderes al CSA, con el objetivo de convertirlo en el gran gendarme de Internet, la ley «odio» es un nuevo paso hacia la ORTF 2.0.
(1) Para un resumen y un análisis más completos, véase en particular el artículo de Félix Tréguer sobre el tema, en 2015: «El CSA y la regulación de Internet: un error ontológico»)