Miércoles 17 de Abril, el conjunto del Parlamento europeo aprobó en primera lectura el reglamento de censura de los “contenidos terroristas” en línea. Por una muy pequeña mayoría, se negó a defendernos contra la censura política o a proteger la Web europea libre y abierta.
Todavía el texto preve que un juez o que la policía pueda pedir a cualquier plataforma suprimir un contenido en una hora, lo que ninguna plataforma no podrá hacer sin utilizar las herramientas de filtrado automatizado desarrollados por Google y Facebook.
Afortunadamente, la lucha no está terminada : todavía el texto podrá ser modificado en segunda lectura por el Parlamento que será elegido durante las proximas elecciones europeas. Esto será la decisíon de los futuros diputados que marcará el fin de la guerra. Y no nos hace falta razones para esperar que al final, prevalecerán nuestras libertades.
Para preparar esta última batalla, hagamos primero el balance de la que acaba de terminar.
los orígenes del reglamento
La Comisíon europea publicó su propuesta de reglamento el 12 de septiembre de 2018, de forma discreta, el mismo día en que toda la luz estaba enfocada en un voto decisivo del Parlamento europeo sobre la directiva Copyright (leer nuestra reaccíon al anuncio del reglamento terrorista y nuestrareaccíonel mismo día al voto sobre la directiva Copyright).
A continuación como lo veremos, el hecho que este reglamento y esta directiva se debatieron en paralelo por la Unión europea creó numerosos problemas para luchar tanto en contra de uno que en contra de otro, revelando al mismo tiempo una voluntad general de nuestros goviernos de regular la Web en su conjunto para los próximos años.
Esta voluntad aparece mucho antes desde 2015. Tras una serie de ataques mortales en Europa, la Comisíon europea reunió Google, Facebook, Twitter y Microsoft para crear el “Foro del Internet Europeo” a fin de encontrar una solución “para proteger el público de la difusíon de contenidos terroristas”. La idea básica está allí ya : confiar a los gigantes del numérico la misíon de encontrar soluciones a nuestros problemas.
Estos gigantes no perdieron la ocasión de proponer una solucíon que, aunque poco útil, reforzaría su dominación sobre el resto de la Web y permitiría a los goviernos europeos de darse buena imagen (en primer lugar de los cuales el govierno frances, con el que Facebook ya no oculta su alianza). En junio y luego en diciembre de 2017, la Comisión Europea felicitó los cuatros gigantes para la solución que construyeron : una lista negra que contiene la huella digital de decenas de miles de imágenes y de videos clasificadas como “terroristas” por sus servicios de moderación (que juntan “inteligencia artificial” y miles de empleados explotados en los paises menos ricos).
El proyecto ya está explícito : garantizar que el conjunto de los servicios Web utilicen la lista negra de los gigantes para filtrar los contenidos que difunden. Todo esto sin juez, sin control democrático, sin nada. Esto es el gran proyecto : confiar a los GAFAM la misión de “civilizar” Internet.
También es lo que hace la directiva Copyright : incorpora en la ley la “solución” inventada por los GAFAM contra los piratas bárbaros que, en las fantasías de la industria cultural, perjudicarían a esta última. Para “civilizar” Internet, la generalización del modelo Content-ID de Youtube garantizará ahora la explotación masiva de nuestros datos personales a fin de financiar esta industria. Recurrir a los dominantes es mucho más fácil que de repensar sus proprias politicas culturales. (leer el discurso de Félix Tréguer, miembro de La Quadrature, en Le Monde que lo denunciaba).
Por último, encontramos la misma inspiración en la propuesta de ley « contra el odio » registrada, hace un mes, por la Sra Avia en Francía : justo antes de dejar el secretaría del numérico, Mounir Mahjoubi, presentado como un heroe de la Web, explicaba cómo la ley debía inspirarse de la moderación creada por Facebook (leer nuestra critica).
El texto original
Tal como propone la Comisión europea, el reglamento sobre la retirada de los contenidos terroristas permite confiar el control de la Web a los GAFAM de dos maneras.
En su artículo 4, el texto preve que una plataforma debe retirar en una hora un contenido señalado como terrorista por las autoridades. Ninguna pequeña plataforma o de tamaño medio puede responder a tal pedido, teniendo en raras veces tecnicos trabajando la noche o durante los fines de semana. Estas plataformas no tendrán otra opción que impedir en primer lugar la puesta en línea de cualquier contenido sospechoso usando la lista negra proporcionada por los gigantes de la Web. Es precisamente el objetivo anunciado desde el año 2015 por la Comisión, y ningunos de nuestros interlocutores (ministerios, diputados…) tomó nunca la pena de negarlo.
En su artículo 6, está previsto que si, a pesar de la enorme presión que constituye el artículo 4, una plataforma no ponía en marcha un sistema de friltrado automatizado, las autoridades podrían obligarlo. Las autoridades podían también designar la herramienta precisa que implementar, que les permitían reenviar explícitamente hacía el de Google, Facebook, Twitter et Microsoft (sin embargo, como lo veremos despues, este punto evolucionó en los debates).
lamentablemente, el texto no se para en una sencilla delegación de la censura de la Web para estos gigantes. Confiere también grandes poderes a los estados para que puedan ellos mismos censurar Internet. La solicitud de retirada del artículo 4 puede ser solicitado tanto por un juez como por la policía, que actua entonces sin autorisación judicial requerida. Además, el artículo 5 del texto inicial preve un mecanismo de denuncia por el cual la policía o Europol podía obligar una plataforma a verificar si un contenido cumplía sus proprias condiciones de usos, que, ellas mismas, debían obligatoriamente prohibir la publicación de contenidos terroristas (este punto también evolucionó a lo largo de los debates, volveremos a hablar de esto más abajo).
Tantos poderes que no faltarán ser malversados por nuestros goviernos para censurarnos con fines puramente políticos (la policía francesa ya lo hizó, corrompiendo sus poderes antiterroristas en contra de los militantes de extrema izquierda y bloqueando sus siteos. Un año y medio despues, esta censura fue finalmente declarada ilegal por un tribunal).
Una solución falsa
Después de un largo recorrido por los ministerios franceses para denunciar este texto (leer nuestro informe), rápidamente nos dimos cuenta que no podríamos contentarnos con decir que este reglamento sería inaplicable por las pequeñas y las medianas plataformas o que abriría las puertas de la censura política. Porque se nos hizo comprender rápidamente que esto era su propósito.
Entonces es este propósito que hemos tratado de deconstruir, en tres etapas.
En primer lugar, denunciamos cuánto confiar a los gigantes de la Web la moderación de él mismo sería un contrasentido, tanto « la economía de la atención » que basa su modelo lleva una grande responsabilidad en la representación excesiva de conflictos y de declaraciones estresantes en línea (leer uno de nuestros múltiples análisis al respecto). De manera sorprendente, encontramos muy pocas oposiciones a este argumento, si no es la ligera idea que « los GAFAM son la mejor de las soluciones ».
En segundo lugar, intentamos deconstruir el mito de la « auto radicalización en línea », que quiere que una persona lambda pueda ser tomada de intenciones de asesinar después de haber visto por casualidad algunos videos de propaganda terrorista, y que, por lo tanto, habría que impedirla de encontrarlas. Un informe del UNESCO de 2017 nos ayudó mucho allí : después de haber recortado 550 estudios sobre el tema, concluye que no hay pruebas que apoyen tal mito, subrayando al mismo tiempo las violaciones contra la libertad de expresión cometidas en su nombre. Los ministerios y los diputados en apoyo al reglamento, sin tener más argumentos factuales para defenderse, nos contestaron que la meta al final, quizás no era de luchar contra « la auto radicalización espontánea», pero sobretodo contra el uso de Internet con fines de organización y planificación de atentados entre personas ya radicalizadas.
Así, en un tercer tiempo, tuvimos que explicarles que su reglamento sería muy poco útil a tal fin. Las personas que apoyan unas ideologías mortíferas ya comunican a través de plataformas que infringen y eluden conscientemente la ley y que se burlarán de recibir solicitudes de retirada oficiales. Ninguna ley puede prever soluciones informáticas creíbles para luchar contra las ideologías mortíferas. Esta lucha sólo puede realizarse mediante cambios culturales y estructurales.
En definitiva, nuestros adversarios no tenían más que una especie de seudónimo « principio de precaución » que presentarnos, en forma de « tal vez todo esto no sirva para nada pero, uno nunca se sabe, tal vez más tarde se descubra que era útil »… aunque tengamos que sacrificar nuestras libertades y nuestro ecosistema digital para descubrirlo. Es difícil creer en la sinceridad de una postura tan absurda, que parece revelar sobretodo su verdadera intención : jactarse de haber adoptado un texto simbólico, por inútil y peligroso que fuera, justo antes de las elecciones europeas.
Al final del debate surgió un útimo argumento. La difusión incontrolada y durante un largo período de la video del atentado de Christchurch en Youtube y en Facebook demostró que las herramientas de moderación automatizadas de los mismos eran demasiado inútiles. Su lista negra basada en huellas digitales pudo ser fácilmente eludida por los apoyos del asesino, que simplemente pusieron en línea el vídeo en varios formatos para escapar de los reconocimientos automatizados. Por una ironía cuya amargura es insoportable, la difusión de este video demostró la vacuidad absoluta de este reglamento.
El debate general
Todos estos debates tuvieron que tener lugar en un tiempo extremadamente corto, porque los goviernos franceses y alemanes, que habían solicitado este texto a la Comisión europea, tenían la intención de aprobarlo antes de las elecciones. En todo, el debate en primera lectura duró apenas 8 meses (un siniestro récord para un texto de tal gravedad).
En primer lugar, el texto ha sido debatido por el Consejo de la Unión Europea, que reúne los goviernos de la Unión. Gracias a la participación de 61 asociaciones y actores de la Web, pudimos denunciar conjuntamente la estrategía antieuropea de Emmanuel Macron, que favorece los GAFAM y infringe la separación de los poderes permitiendo censuras políticas (leer la carta común). Sin embargo, unos días después, el 6 de diciembre de 2018, el Consejo de la Unión adoptó un acuerdo sobre el texto en una versión prácticamente idéntica al de principio (leer nuestra reacción).
Al mismo tiempo, desde hace casi tanto tiempo que combatimos este texto, el movimiento de los chalecos amarillos incrementaba en Francia de manera espectacular, dando lugar a una represión aún más impresionante. No pudimos impedirnos de constatar que el reglamento supuestamente antiterrorista sería un arma de elección para censurar tal movimiento social, tanto el derecho europeo permite interpretaciones extensivas (leer nuestro análisis).
En el parlamento europeo
Los debates en el Parlamento europeo empezaron muy mal. El 12 de diciembre, o sea la mañana de un disparo que tuvó lugar en Estrasburgo (el mismo lugar donde estaba el Parlamento en esta fecha), el conjunto de los diputados adoptaron un informe «sobre las observaciones y las recomendaciones de la Comisión especial sobre el terrorismo ». Este informe, que no tiene valor legislativo pero simplemente exprime la voluntad del Parlamento, fue una especie de primicia al reglamento que viene. Por otra parte el Parlamento se felicita de la propuesta hecha por la Comisión y pide explícitamente a la « detección automatica » y a la « supresión sistemática » de los contenidos terroristas (ver nuestra
Tuvimos que esperar el fin de enero para que los debates empiezen realmente en el Parlamento europeo. Daniel Dalton, diputado de extrema derecha (grupo ECR) procedente del Reino Unido, listo para devolver su mandato en cualquier momento en previsión del Brexit que desde luego parecía inminente, había sido nombrado relator del texto. Como tal, su misión era de organizar los debates dentro de la comisión LIBE (para « libertades civiles ») a fin de proponer un « informe» (una versión modificada del reglamento) después sometido a votación del conjunto del Parlamento.
Entonces, al fin de enero de 2019, Dalton proponía un proyecto de informe que dejaba casi sin cambios la propuesta inicial de la Comisión europea. Esta renuncia en corregir el texto se oponía radicalmente con la posición de Dalton sobre la directiva copyright, donde se había opuesto al filtrado automatizado, especialmente para proteger las pequeñas plataformas. Su incoherencia parecía total (leer nuestro análisis). Después, pudimos encontrarlo en varias ocasiones en el Parlamento europeo, para adevinar sin grande sorpresa que su incoherencia escondía probablemente las aspiraciones profesionales más triviales: Dalton entendío perfectamente las causas y consecuencias del reglamento, aun reconociendo que la grande medida de la « retirada en una hora » era tan absurda como peligrosa, él quería a cualquier precio conservarla solo fue por el símbolo que llevaba.
Desde febrero de 2019, es en la base de este proyecto de informe que los diferentes grupos políticos representados en la comisión LIBE empezaron a debatir para encontrar compromisos. Lanzamos nuestra pagína de campaña que, en 2 meses de discuciones restantes, permitiría a todos ponerse en contacto con los 61 miembros de LIBE para alertarlos sobre los peligros de este texto.
La votación final de LIBE sobre su informe había sido fijado el 21 de marzo. Antes de esto, durante el mes de marzo, las comisiones IMCO (« consumidores») y CULT (« cultura ») dictaron cada una un dictamen para apoyar LIBE. Estos dictamenes, aunque muy imperfectos, proponían por fin unas mejoras (leer nuestra reacción a los dictamenes de IMCO y de CULT). Durante este tiempo, encontramos la mayor cantidad posible de miembros de LIBE en el Parlamento y, luego de haber encontrado el equipo de Rachida Dati (encargada de dirigir las negociaciones de LIBE para el grupo de derecha PPE), denunciamos su posición aún más peligrosa que la de Dalton (leer nuestro artículo).
Aceptando por fin la gravedad de este reglamento, los miembros de LIBE fueron obligados posponer su votación dos veces, hasta el 8 de avril, dándose tres semanas adicionales para negociar el informe. Tres semanas parecen un plazo ridículamente corto para un texto tan importante – y lo es -, pero el calendario inicial no preveía dos meses para poder debatirlo. La Comisión como los Estados miembros se creen con mucho poder en asuntos del Parlamento (con éxito) para exigir que éste apruebe un texto en primera lectura antes del fin de su mandato, a mitad de abril, lo que necesitaba la aprobación urgente del informe LIBE.
Una difícil disposición con la directiva Copyright
No fallarón de constatar : todo este debate contra el reglamento terrorista tuvo lugar mientras que la Unión europea debatía de la directiva Copyright. Después de que el parlamento haya parado una primera posición sobre esta directiva Copyright en septiembre 2018, este texto fue discutido durante las negociaciones Interinstitucionales (« diálogo a tres bandas ») entre el Consejo de la Unión (que reune los goviernos de los Estados miembros), la Comisión europea y unos diputados encargados a este fin por el Parlamento, a fin de encontrar un compromiso general. Estas negociaciones fueron muy animadas, con diversos cambios de situación, tanto es que era muy díficil prever la fecha de su resultado (en particular para saber si intervenía antes o después del fin de la actual legislatura).
Cuando lanzamos a principio de febrero nuestra página de campaña para llamar a los diputados contra el reglamento terrorista, estas negociaciones sobre la directiva Copyright no fueron terminadas, y no pudimos saber cuál de los dos textos se votaría el primero por el Parlamento.
Finalmente el diálogo a tres bandas sobre el Copyright acababa poco después, a final de febrero, y entonces numerosas asosiaciones europeas aliadas lanzaban sus campañas en contra de la directiva Copyright, principalmente alrededor de la plataforma Pledge2019, que permitía a todo el mundo de contatar los diputados y a la cual La Quadrature du Net ha prestado su firma desde el lanzamiento.
Algunas semanas más temprano, mientras que las diferentes campañas contra estos dos textos se preparaban, durante un tiempo, con las asociaciones europeas aliadas de La Quadrature, habíamos pensado hacer una campaña única contra los dos textos. Se Entiende bien porque : los dos textos se basan en unas medidas de filtrado automatizado y en la plaza central encomendado a los actores dominantes de la Web. Esta estrategía era mucho más interesante que nos permitía cierta flexibilidad, sin conocer en este momento el orden en el cual los dos textos serían votados.
Fin de febrero, la idea de una campaña única fue finalmente apartada, y esto por unas razones muy distinctas, yendo con la esperanza que la victoria contra la directiva copyright podría bastar en convencer los diputados de corregir las peores medidas del reglamento terrorista (estrategía que no nos convenció tanto los dos temas eran diferentes), al temor de que la campaña contra la directiva Copyright sea menos movilizadora si se mezclaba con los argumentos necesariamente más graves y estresantes a invocar contra el reglamento terrorista.
En La Quadrature du Net, desde muchos años, por desgracia nos hemos acostumbrado a hablar de muertes y masacres (y esto no es agradable), estos son sistemáticamente y vergonzosamente recuperados por nuestro govierno para reforzar ilegítimamente sus poderes. Quizás Las asociaciones de otros países no tenien la misma costumbre (y es mejor para la salud mental de sus miembros). Así que seguimos con la campaña contra el reglamento terrorista para que la gran mayoría de nuestros aliados se concentren contra la directiva Copyright, con el apoyo que pudimos darles (que sin duda, habría sido más importante si los dos textos no se habrían presentado al mismo tiempo).
Sin embargo, esta división de nuestras fuerzas entre estos dos textos, tan lamentable como inevitable, quizás tuvo sólo un efecto segundario en comparación a otro problema escandaloso : los medios de comunicación dominantes franceses, parte interesada de primer orden en favor de la directiva Copyright y aliados con la industria cultural con ese fin, renunciaron ampliamente a su ideal de imparcialidad. inundando el publico de noticias falsas y distorsionadas sobre la directiva, arrastrados en su campaña política délirante, casi por completo «olvidaron» de hablar del reglamento terrorista. Es una situación perfectamente inédita para la prensa francesa cuando se trate de un texto de tal gravedad, cuyo público se habrá informado solo por unas asociaciones militantes y algunos medios de comunicación especializados. La responsabilidad de los medios de comunicación dominantes franceses es inmenso en la pérdida de las libertades causada tanto por la directiva Copyright como por el reglamento terrorista.
Por último, la votación final de la directiva Copyright se fijó al 26 de marzo, justo antes de la votación de LIBE sobre el reglamento terrorista, rechazada ella al 8 de avril. Con una estrecha mayoría, el Parlamento aceptó de sacralizar la vigilancia económica a gran escala como fuente de financiación de la cultura, basándose en las herramientas de filtrado automatizado inventados por Youtube con su Content-ID (leer nuestro último llamamiento para oponerse a la directiva Copyright y nuestra reacción a su aprobación).
La lucha contra la política promovida por esta directiva continuará ahora a nivel nacional, con diversas propuestas legislativas en curso en Francia sobre las cuales volveremos muy pronto.
El reglamento aprobado
Entonces, el 8 de avril, la comisión LIBE adoptó su versión del reglamento terrorista (leer nuestra reacción). La votación en asamblea plenaria para una primera lectura por el parlamento europeo ha sido fijado menos de diez días más tarde, el miércoles 17 de abril. Durante este período muy corto, apenas tuvimos el tiempo de ampliar nuestra herramienta que ayuda a contactar los miembros del Parlamento (previsto al empiezo para los 61 diputados de la comisión, lo ampliamos al conjunto de los diputados), así como enviar a estos últimos un correo para advertirles del peligro del texto (leer nuestro correo).
Todo esto en vano. Porque como lo vimos por nosotros mismos y desde Estrasburgo, el texto ha sido adoptado en algunos minutos en primera lectura, durante una de las últimas reuniones del Parlamento antes de las elecciones de mayo.
La versión adoptada y, salvo por un detalle, la versión procedente de la Comisión LIBE.
En comparación con la propuesta de la Comisión europea de septiembre, ¿ que cambia precisamente esta versión ?
El el ámbito de aplicación se modifica ligeramente. Tras un lobby intenso de las industrias de la nube, los actores mencionados no son ahora más que los que almacenan y ponen contenidos a disposición « del público » ( y no « de terceros »), con una salida explícita de « los servicios de infraestructura en la nube » y de los « proveedores de servicios en la nube ».
El más inquietante es que la versión conserva, en su artículo 4, la posibilidad que una plataforma pueda ser obligada a retirar en solo una hora un contenido señalado como terrorista por las autoridades. Varias enmiendas proponían de suprimir este período de una hora cuyo Daniel Dalton hizo un símbolo. La enmienda de supresión presentada por el grupo los Verdes se rechazó con solamente 3 voces (297 votos a favor y 300 votos en contra – ver el resultado de las votaciones).
Sin embargo, se hacen dos precisiones : la primera es que solo la autoridad del pais donde el proveedor de servicios tiene su establecimiento principal puede emitir este tipo de requerimiento ; la segunda es que si es la primera vez que el proveedor recibe este tipo de requerimiento, la autoridad debe contactarlo a lo menos 12 horas antes del requerimiento. Estas precisiones no cambian nada : que sea una o trece horas, estos son plazos demasiado cortos para la mayoría de los actores de la Web que simplemente no serán en capacidad de respetarlos.
En cuanto a la autoridad competente capaz de emitir de esos requerimientos, no siempre se trata sólo de un juez. Ahora el texto especifica que puede ser una « autoridad judicial o una autoridad administrativa funcionalmente independiente». Pero la noción de una autoridad « funcionalmente independiente » puede ser interpretada de varias maneras por los Estados miembros y no garantiza en ninguno caso la designación de una autoridad judicial distincta del govierno (entonces es posible que el OCLTCIC, el departamento de policía nacional que tiene ya en Francía el poder de ordenar un bloqueo de siteo que hace la apología del terrorismo y que sea considerado como « funcionalmente independiente ») ;
El artículo 5 que permite a las autoridades de señalar un contenido a una plataforma es él completamente suprimido. Si es una victoria, es muy simbólica porque, en práctica, los Estados y Europol continuarán de utilizar estas denuncias, que no son prohibidas ni limitadas por la nueva versión del reglamento.
El artículo 6 está profundamente modificado. No evoca más medidas « proactivas » pero unas « medidas específicas » y ahora los proveedores de servicios solo tienen la « posibilidad» de aplicarlas, y ya no es una obligación general de principio. Sobretodo, el texto especifica que la autoridad competente no puede imponer « obligaciones generales de vigilancía, ni el uso de herramientas automatizadas ». Seguramente es allí la más grande victoria lograda en este texto, aun si, en práctica, las plataformas no tendrán más elecciones que utilizar herramientas, en adelante, de filtrado automatizados para no exponerse a unas solicitudes irrealistas de retirada en una hora.
El artículo 9 preve por último que las plataformas deben sistemáticamente prever una verificación humana «en cuanto a la pertinencia de las decisiones de supresiones de contenidos o de prohibición a los mismos ». Tal marco, redactado de manera tan amplia, podría resultar muy útil para limitar el recurso al filtrado automatizado en las plataformas en línea, sin embargo, que sea interpretado como que exige una intervención humana en relación con los filtros realizados a primera vista (en el momento de la publicación del contenido) y no sólo de las moderaciones a posteriori – en la práctica, todo el riesgo de este texto es imponer filtros i>a primera vista.
Al final, a pesar de algunas adiciones y modificaciones que atenúan algunos puntos problemáticos, la aprobación de este texto por el Parlamento europeo sigue siendo antes todo una derrota mayor. De manera general, el texto promove una y otra vez la idea peligrosa que la censura de los contenidos en línea puede ser una respuesta contra la difusión de ideologías mortíferas.
Sobretodo al mantener la posibilidad para una autoridad administrativa de ordenar a cualquier actor de la Web la retirada en una hora de un contenido (y esto bajo la amenaza de graves sanciones) las instituciones europeas obligarán a estos actores a adoptar una interpretación amplia de la noción de « contenidos terroristas » y en usar en adelante herramientas de filtrado automatizadas.
El hecho de prohibir a las autoridades de poder imponer el uso de estas herramientas no cambia nada al final. Solo los gigantes podrán respetar estas obligaciones, de donde nuestro temor de una Web todavía más centralizada en los manos de un puñado de empresas.
Por último, los puntos de progreso que se introdujeron por el texto de la Comisión LIBE (supresión del artículo 5, suavización del artículo 6, plazo de una hora extendido en algunos caso precisos, gestión del filtrado automatizado) serán sin duda impugnados en diálogo a tres bandas por la Comisión europea y los Estados miembros los más implicados (entre ellos Francia). Por lo tanto, no se puede gritar victoria sólo por estos pequeños avances.
¿Y ahora ?
El texto adoptado será entonces la posición del Parlamento europeo para las próximas negociaciones a tres en el próximo mandato con la Comisión europea y el Consejo de la Unión europea (que agrupan a los goviernos de los Estados miembros).Todo esto antes de otra votación, final esta vez, por el conjunto de los nuevos diputados en sesión plenaria el próximo año.
La lucha no se pierde, sobre todo cuando vemos el número de votos que faltó para quitar el plazo en una hora (¡3!) y los avances (incluso simbólicos) que pudimos imponer a pesar de las condiciones y los plazos casi insostenibles en los que tuvo lugar este primer debate. Lo decíamos al principio del artículo: el texto podrá modificarse aún en segunda lectura, pero esto requerirá una nueva movilización dentro de algunos meses, en el momento de los diálogos tripartitos y de los debates en el Parlamento. Si se quiere llegar al rechazo de este texto, o a lo menos vaciarlo del esencial de su sustancia, esta movilización requerirá la participación del conjunto de las asociaciones europeas y una implicación mucho mayor de los medios de comunicación sobre el tema, en circunstancias más favorables.
Es con esta condición que se puede esperar llegar a rechazar la censura masiva y automatizada que constituye el núcleo de este texto.
Antes de lanzarnos en esta nueva lucha, tomamos el tiempo para agradecer a todos los que participaron en esta campaña y que ayudaron a las primeras victorias que logramos : todas las asociaciones y las organizaciones (francesas y europeas) que militaron, con nosotros o por su parte, para hacer caer este texto o sus peores disposiciones (en particular los 61 signatarios de la carta abierta enviada a Emmanuel Macron), todas las personas que transmitieron y ayudaron a transmitir nuestros artículos y comunicaciones, todas las que se pusieron en contacto con los diputados europeos (y las que vinieron a hacerlo con nosotros en nuestros locales), las que ayudaron a traducir nuestro sitio web (en inglés y en español). Gracias <3 !
¡Nos vemos en unos meses para la continuación de la lucha!